Cometen estafa los que, con ánimo de lucro, utilizaren engaño bastante para producir error en otro, induciéndolo a realizar un acto de disposición en perjuicio propio o ajeno.
Todos los años, diversos estamentos del seguro, UNESPA (Unión de Entidades Española) e ICEA (Investigación Cooperativa de Entidades Aseguradoras), establecen sus encuestas oficiales en la que se detallan todas las variables posibles, incluso un concurso de detección de fraudes y estafas a nivel nacional (premio que obtuvo mi despacho hace unos años).
A la vista de esas interminables tablas, se pueden sacar muchísimos valores, si bien destaca principalmente el aumento de la estafa pequeña, quedando sin reflejar lógicamente los casos en los que no se pudo demostrar delito alguno y la compañía tuvo que abonar la indemnización correspondiente.
En todos los casos, y dado que las compañías aseguradoras exigen la presentación de la denuncia para la tramitación del siniestro, ya no solo podríamos hablar de delito de estafa, sino de otro delito tipificado en el artículo 457 y 458 del CP por faltar a la verdad y por el Artículo 433 de LECr sobre la obligación legal que tiene de decir igualmente la verdad.
Los datos que arrojan estas estadísticas, sí serían más coincidentes (en caso de haberlas) las encuestas de victimización con los datos oficiales de la Policía y Ministerio del Interior en relación a otros delitos, toda vez que como hemos indicado resulta condición obligada la presentación de denuncia ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Es más, sí tenemos en cuenta el porcentaje de fraude y estafa, la sensación real de las personas encuestadas nos alejaría de la máxima de intentar no victimizar a los ciudadanos que verdaderamente han sido víctimas de esos delitos, porque al entender que tiene “hasta mérito” engañar al seguro, no serían concluyentes sus resultados.
En términos generales y con datos a nivel nacional, y como podremos ver en la tabla inferior, se observa igualmente como ha aumentado por 3 el número de fraudes detectados por las aseguradoras desde el año 2003 hasta el 2012 (los datos del 2013 y 2014 son de pago y accesibles solo para las entidades asociadas), o lo que es lo mismo un 150%
Bajo otra perspectiva, se puede comprobar la tipología de los fraudes y en función de su naturaleza la estafa adopta uno u otro modus operandi.
Indicar que lo preocupante es que parte de la población no vea como hecho delictivo la comisión de este delito.
Quizá, y aventurándome a ejercer de sociólogo, podríamos encontrar en esta conducta ciertos parámetros coincidentes con la Teoría de la anomia. En un momento de crisis ascendente durante la última década, se entendería el hecho fraudulento por varios motivos. Uno de ellos la necesidad, aunque en proporción menor a lo que creemos ya que el simple hecho de la existencia de pólizas (de hogar, comercio, animales, etc.) indica propiedad y ubicación en un nivel medio económicamente hablando.
Otro factor podría ser la aparente falta de control social por parte de las instituciones. Posiblemente falsa percepción pero aumentada por la sensación de impunidad en delitos y corrupciones de la clase política, que origina que la clase media también quiera aprovecharse del sistema, como sus dirigentes.
Como conclusión, para cambiar la tendencia deben confluir varias circunstancias y afrontar la solución desde distintas perspectivas. Por una parte la concienciación y la educación desde pequeños de la filosofía del seguro y de su importantísima labor social y grupal donde el pequeño esfuerzo de muchos soluciona los problemas de otro que ha sido desfavorecido por alguna circunstancia. Y por otra, y entiendo el delito como un hecho social, intentar corregirlo dentro de la sociedad con instituciones sociales decentes, fuerzas de seguridad y judiciales comprometidas y una actitud más proactiva por parte de las entidades aseguradoras.
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